La medida buscaba hacerle justicia salarial a los servidores públicos aumentando el salario base a $10.50 de forma escalonada
El pleno de la Cámara de Representantes derrotó hoy, martes, con 30 votos a favor, 21 votos en contra y un voto ausente, la posibilidad de ir por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en el Proyecto del Senado (PS) 563, que aumenta el salario mínimo de los servidores públicos.
La Cámara necesitaba conseguir 34 votos a favor para ir por encima de la decisión del ejecutivo.
La medida recibió 30 votos a favor de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y el Proyecto Dignidad. Sin embargo, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) aportó 21 votos en contra, colgando automáticamente la posibilidad de ir por encima del veto del gobernador.
Por su parte, el representante José Torres Zamora estuvo ausente de la votación.
El pasado 25 de junio, la Cámara había aprobado el PS 563 de forma unánime con 47 votos a favor.
“Nuestra intención desde la Cámara ha sido hacerle justicia salarial a nuestros servidores públicos, buscando aprobar el Proyecto del Senado 563. Esta medida persigue equiparar el salario de los empleados públicos con los sueldos de la empresa privada” argumentó en un turno inicial el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo J. Torres García.
Torres García recalcó que es incorrecta la interpretación del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, al establecer que el PS 563 obvia la labor realizada por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) para atender lo referente a los Planes de Clasificación y Retribución Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.
“Este proyecto no cancela los Planes de Clasificación y Retribución. El que diga eso está diciendo algo errado. Aún no sabemos cómo ni a quienes esas escalas van a impactar de forma positiva. Es importante que demos un paso de avanzada dándole a nuestros empleados públicos los mismos $8.50 que legislamos para el sector privado”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Santa Rodríguez, avaló el planteamiento de Torres García, y aclaró que el PS 563 “no se relaciona con los planes de la OATRH”. “Cuando se atendió la medida de aumento al salario mínimo en el sector privado, se iban a incluir también al sector público, pero eso no se pudo hacer en aquel momento, porque se estaba trabajando el asunto del Plan de Ajuste de la deuda pública”, destacó.
El pasado 25 de agosto de 2022, el primer mandatario otorgó, a través de una misiva dirigida al presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, el veto expreso al PS 563, señalando que la medida “resulta significativamente inconsistente con el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado”.
Al mismo tiempo, Pierluisi Urrutia reconoció que la medida persigue “un fin loable, que es hacerle justicia salarial a nuestros servidores públicos, incluyendo los empleados de las corporaciones públicas e instrumentalidad y los empleados de la Rama Judicial y de la Rama Legislativa.
Hernández Montañez destacó, que la interpretación de Pierluisi Urrutia “demuestra insensibilidad, falta de empatía, y experiencia de vida de los que vienen desde abajo”. Al mismo tiempo, el presidente cameral anunció que los empleados de la Cámara de Representantes que cobran actualmente $7.25 por hora, a partir de la próxima quincena, estarán cobrando $8.50.
“Actualmente, en la Cámara tenemos 38 empleados que cobran $7.25 por hora. Hoy, estamos firmando la Orden Administrativa 22-18 para que esos empleados reciban justicia salarial, tal y como ha sido aprobado en esta Cámara de Representantes”, destacó Hernández Montañez.
Presentan hallazgos de investigación sobre desempeño de LUMA Energy
Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl Torres Cruz, presentó al pleno de la Cámara el segundo informe parcial sobre la Resolución de la Cámara 446, que investiga el desempeño, ejecución y cumplimiento de LUMA Energy con las obligaciones asumidas en el contrato de alianza público-privada con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Un extenso reporte, nutrido por cientos de documentos obtenidos a través de las requisiciones realizadas durante la celebración de vistas públicas, concluye que el contrato del Gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy, tal y como fue firmado “es uno leonino e ilegal, que incumple con las leyes que establece el marco legal para Transformar el Sistema Eléctrico y la Política Pública Energética”.
El informe, firmado por Torres Cruz, argumenta que luego de “un proceso abarcador y continuo de investigación”, la Comisión de Energía entiende que LUMA ha sido incapaz de administrar el sistema de transmisión y distribución. Sentenció también que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) “ha demostrado ser incapaz de supervisar y fiscalizar el desempeño y el cumplimiento de LUMA Energy”.
Al mismo tiempo, el reporte destacó que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ha sido “indulgente” al fiscalizar el contrato con el consorcio. También, criticó el trabajo del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, “ante la negativa de tan siquiera considerar enmendar el contrato con el propósito de cumplir con su deber constitucional de defender los mejores intereses del pueblo”, rezó el documento.
Al mismo tiempo, el documento propuso múltiples recomendaciones para subsanar “la incapacidad de LUMA Energy”.
Entre ellas, la Comisión de Energía, sugirió la creación de legislación para prohibir que el consorcio pueda subcontratar alguna de sus afiliadas o empresas establecidas en Puerto Rico que le pertenezcan a alguna de sus afiliadas, y también el que se prohíba contratar empresas de empleados o exempleados de LUMA Energy o de alguna de sus afiliadas.
También, recomendó redactar legislación para crear una nueva corporación pública, con un nuevo modelo de gobernanza en la que haya participación de los sectores de la sociedad interesados en un buen desempeño del sistema eléctrico de Puerto Rico y en el que no haya control absoluto por parte de la rama ejecutiva.
La ofensiva cameral ocurre en momentos que la Junta de Control Fiscal (JCF), busca establecer una propuesta para adjudicar un cargo fijo de $23 a $26 mensuales por 50 años a los abonados en la factura de energía eléctrica para pagarle a los bonistas de la AEE.
“Permitir este aumento sería condenar y endeudar a las próximas generaciones, a nuestros hijos, nietos
El cuerpo legislativo, también consideró ir por encima del veto del gobernador sobre el Proyecto de la Cámara 1383. Sin embargo, la medida obtuvo 30 votos a favor, 16 votos en contra y 1 voto abstenido. Al igual que el PS 563, la Cámara necesitaba 34 votos a favor para poder ir por encima del veto ejecutivo.
Por otra parte, la Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 1373, presentado por Hernández Montañez, para crear el “Puerto Rico Student Employment System (PRSES)”, a los fines de establecer un portal electrónico que promueva convocatorias de empleo, fomentar e incentivar el reclutamiento de egresados de diversas disciplinas académicas.
